El Ministerio de Asuntos de la Mujer documentó miles de casos de violencia contra las mujeres en los últimos nueve meses del año.
Continuaron en un clima de impunidad las amenazas, los actos de intimidación y las agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos a manos de diversos perpetradores, sin que el gobierno investigara estos hechos ni llevara a los presuntos responsables penales ante la justicia.
El Parlamento reformó la Ley de Medios de Comunicación, que periodistas y grupos de derechos humanos temían que restringiera aún más la libertad de expresión.
Afganistán continuó aplicando la pena de muerte, a menudo tras juicios sin garantías.